La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de Canarias (TSJC) ha fallado a favor de los propietarios del edificio San Telmo de Las Palmas de Gran Canaria, determinando que el Estado debe pagar una indemnización de 5,7 millones de euros por haber «robado «La vista al mar.
Este caso, histórico en la capital grancanaria, obliga al Estado a indemnizar a los vecinos por la expropiación de su derecho a hacer cumplir una decisión de febrero de 2002 que ordenaba el derribo de la Biblioteca Pública Estatal de la Avenida Marítima. La construcción de esta biblioteca, que obstruía la vista al mar, fue declarada ilegal.
El auto de la Sala Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC de 18 de julio resuelve el incidente de ejecución iniciado en noviembre de 2019 para determinar la compensación percibida de la disposición adicional sexagésima de la Ley 48/2015, de Presupuestos Generales del Estado (PGE). Esta disposición declara la expropiación de los derechos de ejecución de sentencias relacionadas con la destrucción de bienes por motivos de utilidad pública e interés social.
El TSJC destaca que el objeto del incidente no es la tradicional compensación económica, sino la compensación por la privación del derecho a ejecutar la sentencia que ordena el derribo de la biblioteca. Los propietarios del edificio San Telmo también han presentado demandas de responsabilidad contra el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
La decisión judicial revela un trasfondo significativo del caso, como la nulidad de la construcción de la biblioteca declarada por el Tribunal Supremo y posteriormente confirmada por el Tribunal Supremo. La biblioteca fue construida sin cumplir con el Plan Especial necesario y sin modificar la UMP, lo que viola el sistema administrativo cultural general y las áreas verdes previstas.
El conflicto fue fomentado por la comunidad de propietarios del edificio San Telmo, cuyo inmueble quedó desplazado e invisibilizado tras la construcción de la biblioteca. Aunque se ordenó la demolición de la biblioteca, el Estado ejecutó los derechos de ejecución, lo que llevó al TSJC a plantear una cuestión de inconstitucionalidad en junio de 2023.
Según la resolución, la comunidad de propietarios solicitó una indemnización de 5.343.590,57 euros por la depreciación del valor del edificio y la depreciación de los locales y viviendas. El Estado, por su parte, ofreció una indemnización de 895.222,93 euros más intereses legales.
Tras valorar la información presentada por ambas partes, el TSJC determinó que la indemnización adecuada era la propuesta por los propietarios, reconociendo que la construcción de la biblioteca causó graves daños a los propietarios del edificio de San Telmo, tanto por la pérdida de vistas como por la reducción de espacios verdes.
El decreto concluye que los peritos deberán inspeccionar in situ las distintas plantas, salas y talleres del edificio para obtener datos precisos y verificar los efectos indicados por la administración.
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